El mercado de las telecomunicaciones es un importante catalizador para el buen funcionamiento de diversas actividades económicas y sociales. No obstante, para que funcione con fluidez y efectividad y como sucede con cualquier otra área, es necesario que la regulación que la vertebra responda a sus necesidades. Y que también pueda adaptarse a las condiciones cambiantes de una realidad heterogénea y ágil. No es extraño que, tanto en España como en la Unión Europea, se esté poniendo especial atención a la normativa de telecomunicaciones que pueda responder a los retos del futuro.

Leyes europeas para coordinar el mercado teleco

Los países miembros de la  Unión se atienen, sobre todo, al marco regulatorio integral que recoge el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Principalmente, este cuerpo legal se encarga de regular la competencia, la protección del usuario —que no obstante cuenta con leyes específicas a tal efecto—, la neutralidad y las garantías de disponer de un acceso abierto e igualitario a Internet, los servicios de comunicación electrónica —incluyendo mensajería, correo electrónico y la transmisión de datos— o la gestión del espectro radioeléctrico.

Además, este Código trata de estimular la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones, protege a los consumidores y establece sus derechos y obligaciones y facilita la cooperación internacional de los estados integrantes de la unión en materias vinculadas al mundo teleco. Por otro lado, se puede citar el Reglamento europeo que establece el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas  (ORECE) o la Directiva europea sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

Regulación del mercado de telecomunicaciones en España

En España son varias las instituciones que regulan las teleco. Comenzando por el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Se trata de la rama del Ejecutivo que crea y coordina las políticas relacionadas con el sector. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigila el ejercicio de la competencia de forma efectiva, a través de la supervisión del cumplimiento de las normativas e investigar y sancionar si procede aquellas prácticas que puedan considerarse anti competitivas, como el monopolio o la competencia desleal.

En cuanto a normativas de telecomunicaciones específicas en España rigen la Ley General de Telecomunicaciones, que establece los principios fundamentales y las competencias de las autoridades en la materia; entre otros aspectos se regula el acceso a las redes, la prestación de servicios y la protección de los usuarios y sus derechos. También el mercado debe atenerse a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE). No se ocupa de forma directa con aspectos relacionados con las telecomunicaciones, pero sí atiende a aspectos vinculados indirectamente, como la prestación de servicios en línea, la protección de datos personales, la publicidad o el comercio electrónico. También por su influencia indirecta, hay que citar la Ley de propiedad intelectual, que también protege a los contenidos digitales.

Retos de futuro en la legislación de telecomunicaciones

Aunque es imprescindible establecer límites legales para el correcto funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones, existen dos potenciales problemas a la hora de hacerlo de forma efectiva. Por un lado, establecer organismos y leyes que den con la piedra de toque en cuanto al grado exacto de intervencionismo para hacer que funcione correctamente, pero no para condicionar su comportamiento normal.

Por otro lado, las normas deben promover acciones que logren objetivos de interés general, sin que con ello se conviertan en un competidor con una fuerza, unos recursos y una capacidad de los que no disponen otros actores que intervienen en el mercado. En este último escenario el principal obstáculo es la ausencia de experiencia y recorrido, una carencia de cultura de y entre los organismos reguladores.

Para que el mercado de las telecomunicaciones florezca y contribuya al crecimiento económico y social debe disponer de instituciones específicas y de normas que respondan a las necesidades de ese mercado. Desde una competencia justa hasta el equilibrado desarrollo tecnológico, pasando por la adecuada cobertura de derechos, tanto de las empresas de teleco como de los usuarios finales.