En el mundo de hoy la digitalización no es un atributo secundario, o una herramienta de imagen y marketing. La sociedad actual requiere de la conectividad, del mismo modo que la revolución industrial requirió en su momento de materias primas y mano de obra para desarrollarse. Y la digitalización de las entidades públicas —sobre todo las locales y las que actúan en el ámbito rural— son una brecha que subsanar de manera prioritaria. La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto las carencias en este terreno y la apuesta por ayudar en la digitalización del mundo rural, aunque no exclusivamente, es firme desde todas las posiciones ideológicas sin importar el partido.

Fondos europeos para la digitalización

No todos los organismos públicos locales tienen las mismas necesidades, ni se encuentran en el mismo punto en su camino hacia la digitalización y la conectividad completas. Lo que sí es aplicable a la totalidad de casos es la necesidad de inversión: hace falta una inyección importante de dinero; la Unión Europea es consciente de que el escenario es aplicable en todos los países miembros, por lo que puso en marcha los Fondos Europeos NextGen tras la pandemia: más de 800 000 millones de euros «para crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente».

De esa cantidad total, una fracción importante —250 000 millones— se destinarán exclusivamente a la digitalización, con el objetivo de dotar al 80 % de la población europea de competencias digitales básicas para el año 2030. ¿Cómo se traduce esto en España? En el Plan Nacional de Competencias Digitales, que persigue la capacitación e inclusión digital de la ciudadanía.

La digitalización y la conectividad de las entidades públicas, esencial

Un paso adelante en la digitalización pública, como decimos, debe ser la participación plena en ese proceso de las entidades y administraciones locales: Ayuntamientos, Diputaciones, colegios, centros médicos y organizaciones vecinales o comunitarias, por ejemplo. En ese sentido aún existe una brecha importante por diversos motivos. Ausencia de un protocolo digital compartido, insuficiente alfabetización digital de los servidores públicos, incompatibilidades y falta de estandarización en las herramientas utilizadas o deficiencias en las infraestructuras de conectividad son algunos de ellos.

Recientemente, representantes políticos en el Senado, defendían que parte de los mencionados recursos de la Unión Europea se utilicen para modernizar los Ayuntamientos. «Es importante que los Fondos Europeos destinados a la digitalización lleguen con la mayor agilidad a los municipios de la España rural, sirvan para reducir eficazmente la brecha digital y tengan como prioridad atender a la población más vulnerable», aseguraban.

Noventa millones para la digitalización de le España rural

En esa dirección precisamente, el gobierno ha destinado noventa millones de euros para impulsar las competencias digitales de la España rural, en lo que se ha denominado Plan Reto Rural Digital. La mencionada iniciativa, presentada por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a inicios de año.

A pesar de que se están haciendo importantes esfuerzos por ampliar la cobertura inalámbrica y asentar la conectividad en el medio rural a través de las infraestructuras adecuadas, Ribera aseguró que «no es suficiente con ampliar la cobertura, hay que desarrollar también las competencias digitales». Por eso el Reto Rural Digital se asienta en tres ejes estratégicos principales:

• Acceso a la tecnología digital
• Formación en competencias digitales
• Acceso a herramientas digitales en el medio rural

Así, se pretenden financiar con este dinero programas que faciliten la compra de tablets, teléfonos móviles y ordenadores a las poblaciones del medio rural, así como itinerarios formativos para educar en el uso de estos recursos, la capacitación en programación y en análisis de datos y la potenciación de dinámicas propias de la digitalización en el medio rural: comercio electrónico, teletrabajo. El plan también contempla un proceso de asesoría y acompañamiento en el proceso en aquellos casos que así lo requieran.