El gobierno español es consciente de que, para superar la actual crisis económica, hay que desplazar el foco de atención e invertir a largo plazo y con decisión desde ahora mismo. El Ejecutivo está convencido de que explotar la conectividad y apoyarse en el desarrollo tecnológico puede ser el catalizador ideal para impulsar un cambio de paradigma económico en el país.

Aunque ya hay operadores neutros como lyntia que llevan tiempo tratando de expandir aún más el uso de la fibra óptica en el territorio nacional, la administración pública quiere dar a esta tecnología y al 5G el espaldarazo definitivo, para que se desplieguen totalmente en un plazo breve. Así se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé una inyección de 4.000 millones de euros hasta 2023 para impulsar la fibra óptica, el 5G y la ciberseguridad, entre otros recursos estratégicos clave.

La meta a cuatro años para la conectividad española

Uno de los instrumentos de este Plan de Recuperación es la «hoja de ruta» que supone España Digital 2025. Esta estrategia plantea un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea para la nueva realidad.

Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad. Estos diez ejes estratégicos son:

• Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población con cobertura de 100 Mbps para 2025
• Liderar en Europa el despliegue de la tecnología 5G, logrando en cuatro años que la totalidad del espectro radioeléctrico esté preparado para su despliegue total.
• Aumentar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía.
• Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, dotando al tejido empresarial de 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, IA y Datos antes de la fecha objetivo.
• Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas hasta lograr que al menos el 50% de los servicios públicos dentro de cuatro años estén disponibles a través de APP móvil.
• Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las micro PYME y las startups.
• Digitalizar el modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial con efectos estructurales
• Dotar de atractivo a España como plataforma europea de negocio, trabajo, e inversión en el ámbito audiovisual.
• Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.
• Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital dando forma a una «Carta de Derechos Digitales» antes de que lleguemos a 2025.

El ‘terreno abonado’ para desplegar el 5G

De entre todas las acciones estratégicas destacan — y cuentan con algo de prioridad — aquellas que persiguen favorecer el despliegue de la fibra óptica para digitalizar zonas rurales y las que pueden contribuir a la implantación del 5G como nuevo estándar de conectividad. Para ello se están realizando modificaciones y optimizaciones del espectro radioeléctrico, así como la legislación asociada.

Se trata de la optimización de la banda de los 3,5 GHz, donde se reordenarán los bloques que hay disponibles entre los 3.400 y 3.800 MHz para que los operadores que han añadido frecuencias en la subasta, en marzo de 2020 puedan disponer de bloques más grandes para ofrecer mayor velocidad. En el caso de los 700 MHz, se han modificado algunas de las condiciones para la licitación de esta banda, que es prioritaria para el 5G y supondrá una de las subastas de espectro más importantes de la historia de España.